Arco Minero del Orinoco, el proyecto más depredador de Venezuela

GLORIA MARCELO y VALERIA VITALLE

“Pasamos del país del hambre, que se siente en el estómago, al país de la miseria, que se siente en la cabeza”. Así es como “la necesidad ha obligado a los indígenas a participar en la destrucción de sus tierras“, declaró Armando Obdola, presidente de la asociación  Kapé-Kapé, que lucha por los derechos de las comunidades indígenas de Venezuela al diario El País.

Desde 2016 unas 54.686 personas indígenas,el 12,2% del territorio nacional de Venezuela junto a su gran biodiversidad y la demás población de la zona –1.660.000 habitantes distribuidos en 465 poblados– se encuentran bajo amenaza. La amenaza, conocida coloquialmente como “Chernóbil ecológico” que arrasa con el pulmón de Venezuela y, formalmente, lleva el nombre de Arco Minero del Orinoco (AMO).

¿Qué es el Arco Minero del Orinoco?

El 24 de febrero de 2016 se estableció la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país. El objetivo de este proyecto es la extracción y comercialización de minerales como: bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín o dolomita, entre otros. Arrasando con la biodiversidad bolivariana reconocida por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera, además de violar los derechos humanos de la población de la zona y de transgredir  dos artículos -el 129 y 120-, relacionados con el impacto ambiental y la consulta a pueblos originarios a la hora de aprovechar recursos naturales en su hábitat, respectivamente- de la Constitución venezolana, aprobada en el año 1999. Actualmente, alrededor de 500.000 personas están involucradas en la minería ilegal, de las cuales una gran parte pertenece a tribus indígenas, forzadas a trabajar mediante amenazas o por necesidad económica. Y, según la organización social Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP), cerca del 45% de los trabajadores de en las minas serían menores de edad. 

¿Qué consecuencias ha tenido el AMO en territorio venezolano?

Asimismo, la crisis económica en la que se encuentra sumergido el país, sumada a la corrupción por parte del gobierno ha supuesto que la zona del AMO se vea afectada por crecientes complejidades y amenazas en las que intervienen nuevos actores. Las actividades desarrolladas en este territorio derivan en una relación constante entre la legalidad y la ilegalidad. Los mineros artesanales se organizan en “cooperativas” o “sindicatos”– dirigidos por los conocidos como pranes, que significa preso reincidente asesino nato-, y liderados por grupos armados amparados por el gobierno. Estos tienen disputas territoriales con otros grupos establecidos en la zona como son los grupos guerrilleros colombianos ELN y FARC, que necesitan dominar la zona como medio para financiarse -según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, el 60% de los ingresos del ELN y el 50% de las FARC provienen de la explotación de minas en Venezuela-.  También están presentes cuerpos militares y policiales como el FAES o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que violan los DDHH. Estos grupos buscan beneficiarse de la minería ilegal y lo hacen imponiendo sus normas a los civiles a través del cobro de un impuesto conocido como “vacuna”, una cuota de extorsión que deben pagar los mineros a cambio de protección. Normas violentas que, según el Observatorio Venezolano de Violencia en su último informe de 2019, relaciona los altos niveles de violencia en zonas en las que existen tramas articuladas en torno a la minería. Posicionando así dos estados pertenecientes a esta zona -Bolívar y Guárico- como dos de los cinco con mayor tasa de muertes violentas.

Dichas organizaciones criminales controlan la zona de tal manera que imponen sus propias leyes. Hacen trabajar a la sociedad civil en condiciones laborales deplorables, y aquellos que se niegan a ofrecer su mano de obra reciben el castigo de la mutilación de alguna de sus extremidades. En febrero de 2020, la organización Human Rights Watch (HRW) señaló que “residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces”.  Incluso, se han llegado a encontrar fosas comunes. Entre las actividades ilícitas de estos grupos se encuentra la explotación sexual de niñas y mujeres en las minas. En suma, el territorio del AMO es una zona ideal para que la ilegalidad y la criminalidad se establezcan como forma de vida.

  Aparte de la violencia, cabe destacar la profunda crisis medioambiental que se ha visto todavía más perjudicada por el AMO; así como diversos acuerdos entre el Gobierno y transnacionales que han permitido la explotación masiva minera y han ocasionado enormes intervenciones destructivas en la naturaleza -concretamente en 111.843 kilómetros cuadrados– con el objetivo de extraer de la tierra toda la riqueza posible sin realizar un estudio previo del posible impacto ambiental.

24 países de América Latina y el Caribe (ALC) adoptaron en mayo de 2018 el Acuerdo de Escazú, con el fin de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información y el derecho de la población a ser consultada en asuntos que afecten su calidad de vida o su derecho a disfrutar de un ambiente sano. Ha sido un Acuerdo que Venezuela no ha querido ni firmar ni ratificar como consecuencia de sus intereses relacionados con sus necesidades económicas.

El motivo de la escasa cantidad de acuerdos se debe a que Venezuela necesita el dinero que la minería ilegal le proporciona y otros países se aprovechan de la situación del país para seguir explotando los minerales y petróleo a gran escala y de forma destructiva, así como sin repercusiones legales. Un claro ejemplo es la intervención de Irán en el territorio venezolano a través del grupo terrorista Hezbolá, gracias al cual obtiene materiales para ampliar su arsenal armamentístico y otros minerales que le facilitan la creación de energía nuclear.

¿Qué propuestas se proponen a nivel regional e internacional?

Ante la preocupante situación, ¿qué posibles soluciones se plantean en la Comunidad Internacional? Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés) a nivel regional, podría darse una cooperación bilateral y multilateral, así como asistencia para abordar la corrupción y entrenar a las Fuerzas de Seguridad. Por otra parte, establecer una cooperación con los Gobiernos de Colombia y Brasil con el fin de reforzar la seguridad en zonas fronterizas. Otra opción sería ofrecer ayuda humanitaria a pueblos indígenas, además de reforzar la asistencia sanitaria para prevenir enfermedades como la malaria y el paludismo (que han aumentado a raíz del inicio del AMO). Una última sugerencia, aunque la más improbable debido a los intereses que confluyen en el territorio, es la de trabajar junto a la Asamblea Nacional para implementar una legislación que prohíba la minería ilegal y destructiva en Venezuela.

En cuanto a la Comunidad Internacional, se propone eliminar la importación de oro y otros minerales por parte de países como Aruba, Bonaire y Curaçao. Asimismo, se recomienda que la Unión Europea y Noruega -principal mediador entre Maduro y la Comunidad Internacional-, prioricen la preservación de la región amazónica. Finalmente, otra opción sería la intervención de ONGS, internacionales y locales, que evaluaran los daños medioambientales y humanos producidos por el AMO; todo con el fin de llevar a cabo una concienciación. Según declaró Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2020: “Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras”, defendió Bachelet en su declaración. “También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”.

Pese a la dificultad de prever lo que va a suceder en un futuro, el Estado y las compañías petroleras siguen teniendo el poder, lo que se ve reflejado a través de su impunidad. De hecho, el Plan Sectorial Minero 2019-2025 presentado por Nicolás Maduro fija la meta de producción de oro en 2019 de 25,4 toneladas y en 79,4 toneladas para 2025. Lo que demuestra que el AMO es una gran fuente de financiación de la cual se están aprovechando el régimen venezolano, que necesita sustento económico a cualquier precio, y la Comunidad Internacional. 

Como conclusión, el “oro de la muerte”, junto a la extracción de minerales explotados en la Reserva Natural del Arco Minero del Orinoco, son exportados y convertidos en joyería o productos electrónicos, cuyo origen desconoce y no cuestiona el comprador.

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